En la mentalidad española, al igual que en el resto de los países occidentales, se ha cristalizado la consideración de la necesidad de la formación superior. Tanto la sociedad en su conjunto como las personas individualmente, ven en la mejora del capital humano uno de los factores claves para adaptarse a un mundo que se transforma rápidamente y para afrontar los restos del alto nivel competitivo de los trabajos. Las personas inviertan en educación superior con el objetivo de obtener en el futuro una rentabilidad en términos de un empleo mejor remunerado.

Por otro lado, el aumento del nivel de renta de la población favoreció la demanda de educación a la que se puede optar como un bien normal y no ya como algo excepcional. A medida que los niveles de desarrollo económico han mejorado, las tasas de escolarización en las etapas posteriores a las obligatorias han experimentado un crecimiento paralelo. Si la bonanza económica ha generado la necesidad de proveerse de una mayor cualificación para incorporarse al mercado laboral, cabe preguntarse cómo ha incidido el aumento del paro que ha ido conociendo el país desde el inicio de la democracia. Ciertamente, en ocasiones ha provocado el descenso de matriculación en los estudios universitarios, dadas las escasas posibilidades de empleo. Pero por otro lado, la respuesta mayoritaria ha sido la contraria. La falta de expectativa laboral ha llevado a continuar con los estudios para mejorar la cualificación y por lo tanto la competitividad o se ha tomado como un momento de espera mientras la situación laboral se presentara más favorable.

Sesión del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo

La tendencia a la mejora de la formación está presente en los debates políticos de la mayor parte de los países desarrollados. Diversos informes internacionales han puesto de manifiesto la importancia de la enseñanza superior en una sociedad donde la innovación y el progreso tecnológico exigen que los individuos posean cada vez más competencias profesionales y que sean capaces de adaptarse con facilidad a las continuas transformaciones del mercado de trabajo. Desde la Comisión Europea se subraya la importancia de la educación para que resolver los problemas de competitividad de las empresas, la crisis del empleo, la exclusión social y, en definitiva, en vista del logro de un mayor crecimiento y desarrollo. En 1996 se publicó el Informe Delors en el que se se urgía a los países miembros de la UE a realizar inversiones educativas. La mayoría lo han realizado y en España la respuesta tomó tres direcciones. En primer lugar, la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años con el fin de que no existiese un desfase entre la edad mínima para abandonar el sistema educativo y el comienzo de la educación universitaria. En segundo lugar, en el incremento de los fondos públicos destinados a la educación universitaria en las dos últimas décadas y finalmente, en la creación de Universidades en distintas regiones de la geografía española.